LOS ASESINOS DE ÓSCAR PÉREZ ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

[Eladio Rodulfo González]

ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
En Venezuela, ni la ilegítima Fiscalía General, órgano de la narcodictadura a cargo de Tarek William Saab, quien en el pasado fue un presunto activista de los derechos humanos, menos el defensor del pueblo, Luis María Olaso Junyent, ejercieron ninguna acción para aclarar los hechos de la Masacre de El Junquito y fijar responsabilidad penal contra los ejecutores de la Operación Gedeón y quienes acataron la orden de asesinar al inspector Óscar Pérez y sus acompañantes, entre ellos una mujer, a pesar de los delitos de lesa humanidad que se cometieron.
El lunes 9 de diciembre de 2019 los diputados Willmer Azuaje y Franco Casella presentaron ante la ineficiente oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bom Bensouda. más de 400 pruebas del Caso Óscar para reforzar el informe que entregó ante esa instancia judicial una Comisión de la Asamblea Nacional presidida por la diputada Delsa Solórzano.
Esa documentación incrementó sustancialmente el voluminoso expediente que en ese organismo existe contra el narcodictador Nicolás Maduro y muchos de sus criminales funcionarios.
A más de un año de esa entrega no existe evidencia alguna indicativa de que en ese alto tribunal se haya hecho ninguna actuación que permita enjuiciar a los denunciados de lesa humanidad, a pesar de que en febrero de 2020 el canciller Jorge Arreaza lo visitó para introducir una demanda en contra del gobierno norteamericano por los presuntos daños que habrían ocasionado a la población venezolanas las sanciones impuestas a la narcodictadura por la secretaría del Tesoro de Estados Unidos.
Nada más distante de la realidad, pues la pauperización masiva del pueblo comenzó mucho antes de estas sanciones con el perverso propósito, cual lo hiciera en su momento en la extinta Unión Soviética el dictador Josep Stalin, para dominar por hambre a las clases desposeídas que subsisten con un miserable salario mínimo, insuficiente hasta para adquirir un cartón de huevos. Igualmente para nutrir la corrupción de quienes venden subsidiada la tristemente famosa caja Clap, cuyos productos no cubren, según nutricionistas, ni siquiera el 20% de las proteínas que requiere el cuerpo humano para mantener calidad de alimentación.
El diputado Azuaje explicó al respecto:
-Llegó la hora de que la comunidad internacional fije posición a favor de todos los venezolanos y se haga justicia.
Por su parte, Casella apuntó que dichas pruebas refuerzan el informe presentado anteriormente por una Comisión de la Asamblea Nacional presidida por Delsa Solórzano.
Indicó también que además de las fotos, presentaron videos y otros documentos que demuestran la «ejecución de Pérez y su grupo.
-Fueron ejecutados .asentó- por reclamar una Venezuela Libre. Con tiros de gracia no aceptaron su rendición.
En la CPI reposa una solicitud de apertura de investigación por parte de distintos países, como Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Perú y Paraguay. Asimismo, la Organización de Estados Americanos solicitó a la corte la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro.
El 28 de enero de 2018 Pedro García Otero había escrito en Panam Post respecto a la perversa conducta del ilegítimo fiscal general Tarek William Saab en el Caso Pérez:
-Solo la valentía de los patólogos de la morgue logró que el cuerpo de Óscar Pérez fuera inhumado y no ilegalmente cremado.
Agregaría:
-Luego de diez días de silencio (rotos solamente, por cierto, para hacer una apasionada defensa de su propio derecho a viajar a la Unión Europea, y a tener bienes en el Espacio Schengen), Tarek William Saab, a quien la Asamblea Nacional Constituyente designó ilegalmente como fiscal general de la República, se dignó finalmente a hablar el jueves 25 de enero sobre el operativo policial en el que fueron masacrados, el 15 de enero, Óscar Pérez y otras ocho personas, entre ellas, dos supuestos funcionarios del orden, sobre los que Saab no habló, porque eran colectivos paramilitares.
El (generalmente) locuaz fiscal general nombrado por la ANC, quien ya nos había proporcionado una dosis profunda de indignidad como “defensor” del Pueblo durante las protestas de abril a julio del año pasado (por no recordar el período en el que fue gobernador del Estado Anzoátegui), hizo una breve mención al caso del expolicía rebelde en los siguientes términos, si tenemos a bien creerle a la versión que de sus declaraciones hizo El Nacional:
Un grupo armado se alzó contra el Estado y dejó en luto a sus familiares. Es lamentable (…) El centro del debate radica en los que quieren la vía armada o la vía electoral para dirimir nuestras diferencias (…) se debe evitar la apología de los grupos armados y toda posibilidad de lucha armada contra el Gobierno, debido a que habrá muchas víctimas (…) No queremos que en Venezuela pase lo que pasó en Colombia”.
García Otero indicaría asimismo:
-Trataremos, a raíz de tan sucinta declaración (hecha, por cierto, en el marco de una rueda de prensa en la que se anunció que Rafael Ramírez, exzar de PDVSA y del petróleo venezolano, tenía una orden de detención en su contra), de establecer las “bases doctrinarias” del pensamiento de Saab, si ellas existen.
Luego observaría::
Según Saab, “el centro del debate radica en quienes quieren la vía electoral o la vía armada para dirimir nuestras diferencias”. En un hombre que saltó a la palestra pública como uno de los innumerables “compañeros de ruta” de los alzados en armas contra el Gobierno legítimo y democrático que encabezaba Carlos Andrés Pérez en 1992, tal declaración es, cuando menos, escandalosa.
Sabe Saab que ese no es el centro del debate. El centro del debate es que Pérez y sus compañeros, en vivo, directo y a través de las redes sociales (como hizo, por cierto, Hugo Chávez en 1992 por TV, con respeto pleno a su dignidad humana) solicitaron rendirse; sabe que estaban sitiados dentro de una vivienda, en proporción de 1.000 (mil) a 6 (seis); sabe que hay un video en el que explotan esa casa con un lanzagranadas RPG.

Sabe Saab, finalmente, que si no hubiera sido por la valiente posición de los médicos de la morgue de Bello Monte, en Caracas, los cuerpos de Pérez y de sus compañeros hubieran sido ilegalmente cremados para impedir que en un futuro sean exhumados (según la versión que los galenos dejaron filtrar) para comprobar que seis de siete tenían tiros en la cabeza. El silencio de Saab sobre estas aristas del caso constituye una traición a su profesión de abogado, a su antigua trayectoria de “defensor de derechos humanos” y a sus 30 millones de sus conciudadanos.
En el siguiente segmento afirmaría:
-El centro del debate, por supuesto, no es si Pérez se alzó o no en armas contra el Estado. Eso es patente, lo dejó claro el expolicía durante su breve, pero fulgurante vida pública en al menos tres oportunidades. Y por supuesto, es completamente ilegal.
Es más, ni siquiera se va a tratar en este artículo el hecho de si ese Estado tiene o no derecho a defenderse. Es su raison d’Etat: la evidente masacre contra Pérez y sus compañeros se produce porque Nicolás Maduro, quien funge como cabeza de la corporación que hoy se reparte los despojos de Venezuela, decidió que no solo era necesario reducir a Pérez, sino aleccionar a cualquiera que piense en actuar de forma semejante, como lo señaló Maduro, en un acto con la Guardia Nacional, el 16 de enero:
“A 17 días de dar la orden, la orden fue cumplida (…) todo el que haga armas contra la República, tendrá un destino semejante”.
Maduro se hace personalmente responsable, así, de la masacre. Saab, quien intenta distraer la atención, se hace corresponsable: primero con su silencio, luego con su declaración y, finalmente, con su advertencia: quien tan solo recuerde a Pérez, puede ser “juzgado” (las comillas son intencionales) por “apología del terrorismo”. Juicio militar, por supuesto.
Y Saab puede defender la razón de Estado por encima de la vida de Pérez, pero al hacerlo se pone del lado del totalitarismo, es decir, se descalifica como fiscal general, defensor de la legalidad, de los derechos humanos de los venezolanos y, especialmente, del derecho a recibir un juicio justo, pues tales son sus atribuciones establecidas en la Constitución.
A renglón seguido precisó:
En el mismo acto del 16 de enero, y en su discurso de despedida, el comandante saliente de la Guardia Nacional (GN) señalaba que “la canalla mediática quiso hacer parecer que las gallardas fuerzas del orden eran los malos, y los sediciosos, los buenos”, cuando, según él, debía ser muy obvio que las tropas armadas hasta los dientes, que inmisericordes apalearon, atropellaron con tanquetas y asesinaron a más de un venezolano en promedio por día, estaban defendiendo a ese magnífico Estado que encabeza Maduro: el que ha arrojado fuera de sus fronteras a cinco millones de venezolanos y mata de hambre a los restantes. Los aplastados, los atropellados, los detenidos eran los malos. Pura raison d’Etat, en la que el comandante de la GN y el fiscal general son solo dos matices de la misma expresión totalitaria.