ALLANAMIENTOS ILEGALES
Y ABUSOS POLICIALES
En el marco del desarrollo de la segunda parte de la Operación Gedeón los cuerpos represivos de la narcodictadura cometieron todo tipo de abusos en contra de la familia del asesinado inspector y todas otras personas que tuvieron algún tipo de relación con éste.
El 17 de enero de 2018, todavía con los cadáveres del inspector Pérez y sus compañeros de lucha en la morgue, que la narcodictadura se negaba entregar a los familiares, el portal Venezuela Al Día reportó:

-Familiares tanto del piloto como de sus compañeros de lucha claman aún, 24 horas después del asesinato, por los cadáveres que el gobierno se empecina en mantener secuestrados, violando toda legislación vigente.
Tras acribillar al exfuncionario del Cicpc, Óscar Pérez, y otros seis compañeros que se encontraban con él en el sector El Junquito, el régimen ha arremetido contra toda persona que tenga vínculos con el movimiento que ha manifestado su intención de recuperar la democracia en Venezuela.
Venezuela Al Día añadió:
-Los secuestros express de amistades de Pérez así como los ilegales y violentos allanamientos forman parte de las desesperadas acciones del gobierno. Este martes, un grupo comando irrumpió en la vivienda ubicada en El Hatillo, presuntamente propiedad de Antonio José Pérez Cisneros, quien sería uno de los detenidos en la casa donde masacraron al expiloto.
La fuente digital explicó además que “En la residencia, se encontraba la madre de Pérez Cisneros, identificada como Soraida Josefina Cisneros, además de un hijo menor, hermano de Antonio Pérez, a quien habrían golpeado, partiéndole los dientes e hiriéndolo en la boca con un arma blanca para posteriormente intentar asfixiarlo con una bolsa negra en su cara.
Foto: Ministerio del Interior, Justicia y Paz
Asimismo indicó que “Los hombres, que aseguraron buscaban supuestos armamentos y dólares relacionados al caso de Óscar Pérez, también le habrían colocado una pistola en la boca al nieto de la ciudadana de apenas 3 años de edad, como medida de presión. En la casa se encontraban otros dos menores de edad”.
Por su parte, Soraida Cisneros aseguró que en dicha vivienda siquiera cuentan con suficientes alimentos, al tiempo que manifestó su preocupación por la integridad de sus otros tres hijos identificados como Jordán Pérez Cisneros, Dany Pérez Cisneros y Carlos Alberto Pérez Flores, quienes aseguran no tienen vínculo con las acusaciones realidades a Pérez Cisneros.
Gabriel Bastidas✔@Gbastidas
Familiares de joven detenido en el marco del operativo contra Óscar Pérez denuncian agresión de funcionarios del Estado: "Llegaron diciendo 'somos del gobierno, abran la puerta. Si te mueves te matamos'. Agarraron a mi niño de 3 años y le metió una pistola en la boca".
9:57 - 18 ene. 2018.
Luis Gonzalo Pérez@luisgonzaloprz
#URGENTE Voy con información sobre secuelas del caso Oscar Pérez #17Ene
#URGENTE 1- La señora Soraida Josefina Cisneros, madre de Antonio José Pérez Cisneros (uno de los detenidos en la casa donde ocurrió la masacre contra grupo de Oscar Pérez) denuncia lo siguiente desde el Ministerio Público.
#URGENTE 5- El grupo comando argumentó que buscaban supuestos armamentos y dólares relacionados al caso OP, cosa que no había porque la señora Saraida dice que ni comida tienen en la vivienda
En respuesta a @luisgonzaloprz
#URGENTE 4- Sin mediar palabras, colocaron una pistola en la boca a su nieto de tan solo 3 años de edad. En la casa se encontraban otros dos menores de edad].
El 16 de enero de 2018 Gilberto Rojas, de Noticiero Digital, reportó:
-El periodista venezolano Alberto Rodríguez y Provea informaron que ese mismo lunes habrían capturado a un supuesto médico vinculado al grupo de policías y militares sublevados quien al estilo del régimen resultó golpeado.
Provea por Twitter alertó:
-Denunciamos la detención ayer por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) del médico William Aguado de 58 años. Se le pretende vincular al grupo de Óscar Pérez. Exhortamos a la Defensoría del Pueblo a que vele por su integridad física ya que hay riesgo de tortura. Familiares no han podido verlo.
Según Provea, Aguado fue detenido en su apartamento en Caricuao, Caracas, a las cinco de la mañana presuntamente y exigió respeto a su integridad física.
Por su parte Alberto Rodríguez indicó que "Aguado Sequera era presuntamente el propietario de la vivienda donde fue situado Óscar Pérez y su grupo en El Junquito,
Aclaró que la información era extraoficial y añadió que "Anoche funcionarios del Dgcim allanaron -presuntamente por caso de Óscar Pérez- la residencia del médico cirujano William Alberto Aguado Sequera C.I. 6.363.000 en Caricuao UD5, Bloque 5, Piso 9, Apt.904".
Ese mismo día Gilberto Rojas, de Noticiero Digital, reportó:
-El periodista venezolano Alberto Rodríguez y Provea informaron que este mismo lunes habrían capturado a un supuesto médico vinculado al grupo de policías y militares sublevados fuertemente golpeado el día lunes por la muerte de siete de sus integrantes incluyendo su líder, Óscar Pérez.
Provea por Twitter alertó:
-Denunciamos la detención ayer por parte de la Dirección de Contrainteligente Militar (Dgcim) del médico William Aguado de 58 años. Se le pretende vincular al grupo de Óscar Pérez. Exhortamos a la Defensoría del Publo a que vele por su integridad física ya que hay riesgo de tortura. Familiares no han podido verlo.
Según Provea, Aguado fue detenido en su apartamento en Caricuao, Caracas, a las cinco de la mañana presuntamente y exigió respeto a su integridad física.
Por su parte Alberto Rodríguezindicó que "Aguado Sequera era presuntamente el propietario de la vivienda donde fue situado Óscar Pérez y su grupo en El Junquito,
Aclaró que la información era extraoficial y añadió que "Anoche funcionarios del Dgcim allanaron -presuntamente por caso de Óscar Pérez- la residencia del médico cirujano William Alberto Aguado Sequera C.I. 6.363.000 en Caricuao UD5, Bloque 5, Piso 9, Apt.904".
El viernes 28 de julio de 2017 el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas procedió a la detención arbitraria del cineasta Oscar Rivas Gamboa tras asistir a una citación que le emitió ese organismo policial el día anterior.
La ONG Espacio Público explicó al respecto:
-Al llegar a la sede del CICPC en San Agustín, se lo llevaron esposado y posteriormente fue trasladado a la sede del cuerpo de seguridad ubicada en la avenida Urdaneta en donde se encuentra recluido. En el lugar, su esposa Damaris Méndez fue notificada de que sería revisado el vehículo en el que se habían trasladado y que irían a su apartamento. “Nunca vi ninguna orden de allanamiento. Tampoco hubo fiscal. Como testigos tuvieron al vigilante y a una señora de servicio del edificio”-
La fuente añadió:
-Se especula que los hechos se dieron tras ser vinculado al caso de Oscar Pérez, quien es protagonista de la película “Muere suspendida”, de 2015, dirigida por Rivas.
Sobre esa detención Yisel Soares, abogada de Rivas Gamboa, señaló que luego de más de 30 horas se desconocía la razón por la que fue privado de libertad, además de que no se le permite tener acceso tanto a su defendido como a las razones de su detención y la investigación que se pueda estar llevando adelante, por lo que “se estaría violando tanto el artículo 49 de la Constitución como el 127 ordinal 2 que establece que una vez que una persona está relacionada con una investigación penal, debe ser apoyado por un abogado de confianza.
Por su parte, Damarys Méndez, esposa del cineasta, condenó la forma en la que el CICPC lleva la investigación bajo la presunción de que conoce al piloto Oscar Pérez, quien actualmente está siendo buscado, luego de que sobrevolara el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Interior, justicia y paz con un helicóptero de esa institución el pasado 27 de junio.
“Mi esposo fue el director de la película Muerte suspendida, de la que Oscar Pérez fue su protagonista, lo conoce pero no tiene ninguna otra relación con esta persona”, declaró a los medios de comunicación social.
Fue liberado el 31 del mismo mes, bajo régimen de presentación cada 15 días.
Las agresiones en contra de las logias masónicas las comenzó el régimen, cuando conocimiento de la condición de masón del inspector Pérez., a la luz del reporte publicado el 18 de enero de 2018 en TalCual por Orianny Granado.
En efecto escribió:
-Un integrante activo de la logia en el país, denuncia que desde que se dio a conocer la formación de Óscar Pérez dentro de la masonería, han sido objeto de escrutinios e investigaciones, que a su juicio “irrespetan los principios democráticos elementales”.
Otro informante anónimo por razones de seguridad agregó:
-Luego de que se diera a conocer que el exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalista (Cicpc) Óscar Pérez, asesinado el 15 de enero en un presunto enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado, era integrante de la masonería en Venezuela, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ha volcado sus investigaciones sobre esta corriente filosófica.
La fuente anónima reveló asimismo que las distintas logias que están siendo vigiladas son las ubicadas en Caracas, Miranda, Cumaná, Barcelona, Puerto Ordaz y Vargas. Reconoció igualmente que con estas investigaciones se busca determinar si dentro de este grupo existían aliados de Óscar Pérez y su movimiento insurgente en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Un tercer informante reconoció que las actuaciones de Pérez no estaban relacionadas de ninguna forma con la orden, sin embargo no “se puede decir que contravino nuestros principios”, porque “Él actuó como un hombre libre y de buenas costumbres”., y aclaró que el documento según el cual éste fue expulsado de la orden es forjado.
Por su parte, un miembro de la Gran Logia de Venezuela aseguró que “muchos queremos limpiar el nombre de nuestro querido hermano Óscar Pérez. Es decir, un masón que fue asesinado en una ejecución extrajudicial, pues manifestó su rendición y disposición de entregarse”. Manifestó también que “Más allá del asesinato físico, está el asesinato moral del Gobierno nacional al calificarlo como terrorista”, pues “Un masón no es terrorista” y “Si bien cometió un delito al robar el helicóptero y las armas del comando de la GN, no cometió ningún asesinato o heridos en las acciones que ejecutó, porque era un masón que respetaba la vida”.
Vale la pena reproducir el siguiente texto publicado por su autor en la Web:
Estimados hermanos de Logia N 208 reciban un cordial saludo, les escribe su querido hermano Esteban Oria. para los que no me conocen soy funcionario de la Asamblea Nacional, profesor universitario, columnista de El diario El Nacional, exdiputado y presidente de la Federación Venezolana de Politólogos, en esta ocasión me dirijo a ustedes porque quiero compartir con ustedes la indignación que siento al ver como la Gran Logia de la República de Venezuela recibe de las logias del mundo comunicaciones de apoyo por el aniversario de la muerte del querido hermano Oscar Perez, cuando es por todos conocidos que la directiva de esa Gran Logia fue la creadora de una serie de medidas controversiales que pueden ser objeto de investigación por violatorias de los derechos fundamentales de los hermanos Oscar Perez y Alejandro Pimentel y también del resto de los miembros de la logia N 208.
Es un hecho innegable que incluso nos afectó directamente a todos los miembros de la logia N 208, quienes hemos tenido que transitar por la persecución política de la dictadura de Maduro debido a la asociación del querido hermano Oscar Perez con la Logia 208. Pero es que a veces siento que se nos olvida queridos hermanos, yo se los voy a recordar y quien suscribe es miembro activo de la Logia 208.
Cuando el querido Hermano Oscar Pérez se rebeló contra la dictadura de Maduro fue a nosotros a quien envió su primer mensaje, el se comunico a nuestro de grupo de Whastapp, y recibió sus primeras manifestaciones de apoyo, eso lo sabemos nosotros y también lo supo el régimen de Maduro cuando decomiso los teléfonos y analizo los tiempos de linea y la lista de contactos. Les recuerdo que la logia fue allanada luego del levantamiento de Oscar. De esto se conoce poco.
La historia corta que se conoce es que el régimen de Maduro cometió un crimen atroz contra el masón Oscar Pérez, que generó repudio internacional y que incluyó a la mayoría de los Grandes Orientes del mundo, en su momento hubo acusaciones en contra de la directiva de la Gran Logia por su posición supuestamente neutral, al no acompañar a la comunidad internacional en la condena del régimen de Maduro y surgieron especulaciones acerca de las simpatías de la Gran Logia de Venezuela con el régimen de Maduro.
Lo cierto es que la Gran Logia ha tenido un manejo poco transparente. Empecemos por asentar que la Gran Logia fue la artífice del entramado legal que pidió la expulsión de Oscar Perez de la orden, contraviniendo todas las posturas legales de la defensa negándole la presunción de inocencia, y sobre este respecto hay dos versiones, en una primera se afirma que los miembros de la logia 208 fueron coaccionado por el Gran Orador Fiscal e irradiaron a Oscar Pérez, en una segunda versión que es la que cobra más fuerza la mayoría los miembros de la Logia N 208 se negaron a participar y por lo tanto no hubo irradiación o expulsión.
Quiero dejar constancia que yo no asistí a esta tenida de irradiación debido a que estaba en desacuerdo con este proceso en contra de Oscar, sin embargo solo aquellos que participaron saben lo que ocurrió, la pregunta que nos hacemos todos es que si no hubo irradiación como se explica que en la practica se implementara una medida de orden de cierre de puertas cumplida por todas las logias de la jurisdicción de la Gran Logia de Venezuela en contra de Oscar Pérez. Es por este motivo que se hace necesario una aclaratoria de los participantes en dicho evento ya que es necesario constatar si hubo violaciones a los derechos fundamentales de Oscar Pérez
Desde el primer momento de la activación del 350 (desobediencia civil) de Oscar Perez la logia N 208 fue allanada por la policía política, investigados sus miembros y citados al CICPC (Policía Política) así como apresados 3 de sus miembros, de los cuales el hermano J fue secuestrado y agraviado. EL caso de los hermanos R y Y presos políticos del régimen y del resto de los hermanos de la logia que salieron del país huyendo del acoso del régimen. En ninguno de esos eventos la Gran Logia actúo jurídicamente para protegernos.
Mientras tanto el miedo en la Logia N 208 que yo estando en el exterior y denunciando la tiranía de Maduro y la persecución a los miembros de la Logia por las redes sociales, llegó a contactarme el querido hermano R Venerable Maestro para ese momento para pedirme que no los mencionaran a ellos en las redes ya que podía incrementarse el ataque del régimen contra los miembros de la logia
Mientras el Gobierno perseguía a Oscar Pérez la Gran Logia solicitó la data actualizada de todos los miembros masones a nivel nacional, a mi me llego el correo de solicitud de actualización de datos en el mes de diciembre pero desde julio lo estaban solicitando insistentemente, debido a las circunstancias de ese tiempo histórico en donde se estaba practicando allanamiento de logias, esta actividad genero sospechas y llegó a considerarse como intimidatoria, mas parecía un evento de contrainteligencia del régimen de Maduro inyectado en el pleno corazón de la Gran Logia, que es la data de sus miembros, por lo tanto no se descarta que dicha información haya sido compartida con el régimen de Maduro para neutralizar a buena parte de los masones, ubicar a los que están en las Fuerzas Armadas y policías y contener cualquier forma de contacto con Oscar Pérez.
De igual modo creó en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas la Brigada Canina, criando y entrenando a un pastor alemán llamado Bolkow (DEP), quien fue el primer perro paracaidista en la historia de Venezuela y el inspector Pérez se convirtió en el primer venezolano en saltar en paracaídas con un perro. En esa institución policial fue jefe de Operaciones en la División Aérea.
Asimismo, participó en 2015 en la película venezolana “Muerte suspendida”. de género policial, que relata el secuestro en 2013 de un comerciante portugués en Caracas, torturado durante 11 meses, y que logra ser rescatado por integrantes de la División Nacional Antiextorsión y Secuestro del CICPC.
A la narcodictadura no le bastó el asesinato con armamento de guerra del inspector Óscar Pérez y seis de sus compañeros de lucha. Quería más sangre para saciar la sed del vampiro apoltronado ilegalmente en el palacio de Miraflores.
Así, cual las películas de gran éxito de taquilla, que sus productores continúan explotándolas con segunda, tercera y cuarta parte, etc., el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, puso en marcha la Operación Gedeón II dirigida a detener y confinar en los centros de detención del régimen a todas las persones que a juicio de los cuerpos represivos del régimen tuvieren relación directa o indirecta con el asesinado funcionario policial.
En el marco de esa siniestra operación fue detenido Alonso Mora en su casa, en Los Teques, en febrero de 2018 por estar supuestamente relacionado con Óscar Pérez. es paramédico y chef y fue detenido.
En esa oportunidad, Néstor Reverol, afirmó que los detenidos planeaban colocar explosivos en la Comandancia de la Guardia Nacional y en el Consejo Nacional Electoral.
De acuerdo con las denuncias de sus familiares, a la mascota de Mora la desmembraron y decapitaron funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar.
El 1 de febrero de 2020 Tamara Suju, defensora de los derechos humanos, denunció en cuenta en Twitter que Mora, huésped obligado de la cárcel militar de Ramo Verde, fue encerrado en la celda de castigo El Tigrito por órdenes del coronel Argenis Martínez, a pesar de que su salud es delicada debido a las torturas de las cuales ha sido objeto, produciéndole abscesos en todo el cuerpo y está a punto de infección en los pies.
La activista, directora ejecutiva del Instituto Casla, recordó que en ese calabozo el preso político de la narcodictadura, Vasco Da Costa, estuvo a punto de perder un pie por una mordida de ratas, ya que esa mazmorra está llena de tales roedores.
´{“Se mutilan y masacran animales para después mostrar los videos a los propietarios para sumar sufrimiento a su encierro. Laureano Márquez”}.
Cabe recordar que la Operación Gedeón incumplió normas para garantizar la vida porque su propósito, por órdenes de Nicolás Maduro, no era detener a Pérez y su grupo, sino asesinaros con el objeto de desalentar nuevos pronunciamientos en su contra, lo que no logró.
El 21 de enero de 2019 el diario El Nacional analizó, con información del abogado Fermín Mármol García, la Operación Gedeón que cobró la vida del polifacético Óscar Pérez, dos colectivos y varios de sus compañeros de lucha contra un enemigo despiadado, cruel, deshumanizado y perverso.
Lo hizo en los términos siguientes:
-Gedeón, término de la cultura israelí que designa a uno de los jueces más temibles por su “obra guerrera” contra los enemigos, fue el nombre con el que el ministro del Interior, Néstor Reverol, presentó al país la operación policial más brutal de los últimos años, que fue ejecutada para someter y matar al ex inspector Oscar Pérez y a seis de sus acompañantes, por supuesto “terrorismo”. El hecho ocurrió en un sector de chalets en el kilómetro 16 de El Junquito, en el oeste de Caracas, el lunes 15 de enero. A seis días de ocurrido, es la única precisión que el gobierno ha dado públicamente sobre la acción conjunta de los cuatro cuerpos de seguridad e inteligencia más represivos del Estado, contra estas doce personas, la mayoría civiles, que querían entregarse.
A continuación expresó:
-El Ejecutivo y los órganos del Poder Ciudadano deben explicar por qué esta operación no cumplió con ninguna de las exigencias policiales y legales para garantizar la transparencia del procedimiento ni la vida del grupo adversario”, advierten especialistas en este tipo de actuaciones, ante el silencio oficial que envuelve esta masacre.
Luego apreció:
-La falta de liderazgo y de coordinación policial entre el Sebin, la DGCIM, el FAES de la PNB y la GNB, que actuaron en el caso, para asegurar una negociación exitosa con Pérez y su grupo, es uno de los aspectos que compromete la transparencia de la operación y que Reverol debería explicar al país. “Debe señalarse cuál de las instituciones tuvo el manejo de la crisis que debía realizarse para lograr la rendición de las personas y ser sometidas luego al proceso penal. Lo primero que debe explicarse en quién fue el responsable de esa operación”, señaló el abogado y criminalista Fermín Mármol García, al analizar las interrogantes de la Operación Gedeón.
Acotó en seguida el especialista:
-Otra duda es si se dejó prueba de que el proceso de negociación se había agotado, para explicar por qué utilizaron un lanzamisil que destruyó el chalet e hirió mortalmente a varios de sus ocupantes. Los videos hechos por Oscar Pérez, que difundió por Instagram poco antes de morir y que recogieron su disposición de entregarse, son evidencia de lo contrario. “Instituciones policiales modernas emplean uniformes que llevan ocultas cámaras para filmar en tiempo real todo el proceso y proporcionar pruebas para demostrar en el proceso penal que se agotaron los medios de negociación y que el otro grupo tuvo una actitud agresiva. Sería imperdonable no contar con esta tecnología que se usa en cualquier país del mundo, dado que el gobierno invierte en Inteligencia.
En otro segmento del análisis Mármol García indicó:
Sin embargo, la ausencia de un fiscal del Ministerio Público y la poca probabilidad de que se haya preservado la escena del crimen son, a juicio de un experimentado ex jefe de Homicidios que solicitó no revelar su nombre, los aspectos más graves.
Además, “El interior del chalet donde mataron a Pérez y a seis de las personas que lo acompañaban fue ocupado por funcionarios de los distintos organismos policiales, sin la presencia de investigadores del Cicpc que recogen las evidencias y hacen los trazados de balística y planimetría, para reconstruir los hechos si un tribunal lo considera necesario. No hubo nada de eso, porque les impidieron el paso. Solo tres unidades lograron pasar y muy tarde”, afirmó”.
El especialista “Exigió que el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, explique al país por qué no envió a un representantedel Ministerio Público. “El funcionario de esa institución nunca llegó, según informaciones. Entonces, ¿quién sustanció el expediente?”, se preguntó la fuente.
Sobre la Masacre de El Junqquito, como fue conocida popularmente la Operación Gedeón, también la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia emitió su parecer en una nota de prensa, donde señaló que el Estado venezolano debe garantizar la protección de los familiares de los asesinados en el citado operativo y llevar a efecto una investigación imparcial de los hechos.
La narcodictadura ha hecho la contrario, perseguir y acosar a la madre y a la viuda de Óscar Pérez, quienes tuvieron que salir del país y como si esco fuera poco las despojaron de sus menguados bienes.
La persecución comprendió también a todas las personas que tuvieron algún tipo de relación con Pérez.
La investigación imparcial nunca se realizó porque el ilegítimo fiscal general de la República, Tarek William Saab, consideró que esos crímenes se produjeron por una razón de Estado no contemplada en la Constitución Nacional que privilegia, al menos teóricamente, la vida de las personas.
La referida ONG explicó así los hechos:
-Maracaibo.- El pasado 15 de Enero de 2018, funcionarios pertenecientes a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional, ejecutaron la Operación Gedeón, así denominada por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. El operativo se llevó a cabo en contra de un grupo armado de 12 personas que se encontraban en un chalet ubicado en El Junquito. Como resultado del uso de la fuerza empleada, murieron nueve personas y el lugar fue reducido a escombros. Murieron: Óscar Pérez, líder del grupo armado, y cinco personas que lo acompañaban —entre ellos tres jóvenes zulianos—, dos agentes policiales y el líder del colectivo progobierno Tres Raíces.
Recordó que “Según el Derecho Internacional, los Estados están llamados a prevenir acciones que produzcan violaciones al derecho a la vida, tomar medidas para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida por consecuencia de actos criminales, así como prevenir que fuerzas del Estado ejecuten acciones que vayan en transgresión a este derecho.”
Por otro lado “La Constitución de Venezuela también respalda este derecho en su artículo 43”.
Además, “Mensajes y videos compartidos en redes sociales por Óscar Pérez y su grupo el día de los hechos, donde señalaban que estaban dispuestos a rendirse, permiten presumir que el Estado se excedió en el uso de la fuerza”
Al respecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sostuvo en el informe A/66/330, publicado el 30 de agosto de 2011, “una decisión que se adopta por anticipado y que descarta la posibilidad de ofrecer o aceptar la oportunidad de rendirse, determina la ilegalidad de dichas operaciones”. Así mismo, en este documento establece “deberían investigarse todos los casos en que se haya utilizado la fuerza letal mediante un proceso eficaz y, cuando proceda, aquellos que han violado el derecho a la vida deberán rendir cuentas”.
A juicio de la Codhez “En definitiva, los Estados tienen la obligación de investigar la privación del derecho a la vida, y de ser el caso castigar a los responsables, en especial cuando están involucrados agentes estatales” y “De no ser así, se estaría creando un contexto de impunidad donde existen las condiciones para que este tipo de hechos se repita, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida”.
En otro segmento se lee:
-En los días siguientes a los hechos ocurridos en El Junquito ha sido notoria la opacidad con la que el Estado ha manejado la investigación de las muertes. Las familias del grupo de Óscar Pérez han declarado las trabas para hacer el reconocimiento de sus seres queridos y la entrega de los cuerpos, y además, la imposición de las condiciones del sepelio, obligando a efectuar ceremonias cerradas y altamente militarizadas. El traslado de los cuerpos de Daniel Soto y, los hermanos Lugo al Zulia, así como el de Lisbeth Ramírez al estado Táchira, fue realizado en un avión militar.
Por otro lado, el padre de los zulianos Abraham y Jairo Lugo, manifestó a los medios de comunicación que ha sido objeto de amenazas, su casa fue allanada y teme por la integridad de su familia y por su vida. El posterior hostigamiento policial y militar ha provocado temor a denunciar y expresarse.
También se lee:
Una semana después de los hechos ni el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ni el Defensor del Pueblo encargado, Alfredo Ruiz, han emitido declaraciones oficiales que permitan presumir que exista la intención de realizar una investigación parcial y objetiva.
El ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, hizo el anuncio oficial de la Masacre de El Junquito el el martes 16. Al efecto informó que el "lamentable saldo era de siete terroristas fallecidos".
También explicó que "el proceder de los organismos de seguridad del estado se enmarcan en los criterios universalmente reconocidos para la actuación en situaciones similares que atentan contra la seguridad social y vulnera la seguridad pública".
No dio detalles de los asesinados, pero si dijo que está por identificarse una persona del sexo femenino de 26 años "que acompañaba a uno de los terroristas".
Sobre ese hecho criminal, cometido en vivo y directo por los órganos de seguridad de la narcodictadura y observado por la comunidad internacional vía internet y otras herramientas modernas de comunicación electrónica, la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, comentó en su cuenta en Twitter que "el desgobierno de Nicolás Maduro consolidó su carácter criminal y violador de derechos humanos con la ejecución de Óscar Pérez y otros jóvenes venezolanos".
También la Fundación de Derechos Humanos, en la voz de Javier El Hage, condenó el asesinato del líder del levantamiento contra el gobierno Óscar Pérez, el cual cataloga de “ejecución extrajudicial” y una evidencia de que Nicolás Maduro es un “dictador despiadado".
Además consideró que Pérez fue asesinado por las fuerzas del gobierno “a sangre fría” pese a que ofreció entregarse.
-Según el derecho internacional, -explicó- esto equivale a una ejecución extrajudicial, que es un crimen atroz. Las fuerzas de seguridad siempre deben respetar el derecho a la vida de un sospechoso armado cuando el sospechoso se está rindiendo claramente, tanto en situaciones de conflicto armado como en la aplicación de la ley nacional,
El exiliado exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, desde su cuenta en Twitter aseveró que Oscar Pérez fue ejecutado por órdenes de Maduro y recordó que ese capítulo se suma al expediente que circula en la Corte Penal Internacional de La Haya esperando sentencia contra los que aplican pena de muerte.
[Increíble, pero en esa misma instancia judicial en febrero de 2020 el canciller de la narcodictadura, Jorge Arreaza, formuló una denuncia en contra del gobierno norteamericano por las sanciones aplicadas que aplicara la Secretaría del Tesoro en contra de Conviasa, línea aérea del Estado venezolano, al considerar que éstas constituían delitos de lesa humanidad)
También para la diputada Delsa Solórzano la Masacre de El Junquito fue un asesinato en un OSCURO procedimiento del que no hay informe oficial, según escribió en su cuenta en Twitter. “¿Cómo es posible –se preguntó-que rindiéndose lo acribillan? El Estado viola Art.44 CRBV que resguarda el derecho a la vida”.
De igual manera, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, expresó que "la muerte" de Pérez es una demostración de la "narcodictadura" que se vive en Venezuela.
Conviene destacar que ese día el inspector Pérez publicó en su cuenta en Instagram un video con el rostro ensangrentado declaró su disposición a entregarse a las fuerzas represivas de la narcodictadura.
Entre tanto, .ese siniestro día para los derechos humanos de quienes adversan al régimen el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que resultó “desmantelado” un “peligroso grupo terrorista”, responsable del ataque a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. A través de un comunicado oficial señaló que dos funcionarios de la PNB fallecieron y cinco quedaron mal heridos, pero en ese momento no reveló el nombre de los fallecidos ni de los detenidos.
También dijo que los componentes de dicha "célula" fueron abatidos y cinco capturados, pero no mencionó en qué situación se encontraba Óscar Pérez.
Por su parte, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, escribió en su cuenta en Twitter:
“El terrorista Óscar Pérez atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES (Fuerzas de Acción Especial), los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”.
[El balazo en la cabeza de Pérez y de otros dos hombres, según las actas de defunción, indican la intención. ¿Por qué no se emplearon herramientas para neutralizar como el gas o bombas lumínicas? Las dudas deben ser despejadas”.
Fermín Mármol García]

Ese siniestro acontecimiento, donde sus responsables violaron leyes nacionales e internacionales, provocó indignación en los sectores democráticos de las Fuerzas Armadas, según lo explicó la periodista Sebastiana Barráez en un reportaje publicado en Punto de Corte el 16 de enero de 2018, con información de fuentes militares no reveladas por razones obvias.
-Lo que pudo haber sido –añadió- un operativo exitoso para los cuerpos de Inteligencia venezolanos, que demostrara la eficiencia de la Fuerza Armada Nacional … y de los órganos venezolanos de Seguridad Ciudadana, en la captura del piloto Oscar Alberto Pérez y el grupo de rebeldes que lo acompañaban, terminó demostrando la pobreza de un hecho carente de organización, abundante en acciones erráticas, policialmente lleno de vicios y con presencia de tropas de varios cuerpos en descoordinación. Así lo considera parte importante de oficiales..
En ese operativo, a juicio de la periodista, “Privó el odio personal, las ansias de complacer a quienes pedían la cabeza del joven inspector y piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Alberto Pérez, quien el 27 de junio 2017 secuestró un helicóptero que sobrevoló Caracas y lanzó bombas sonoras sobre el TSJ y la sede del Ministerio del Interior y que, luego, el 18 de diciembre 2017, tomó por asalto el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), perteneciente al Cuarto Pelotón de la 1ra Compañía, ubicado en el Estado Miranda”. Dos acciones limpias, sin heridos y sin muertos.
Recordó que “Cuando Pérez accedió a la entrevista en el canal CNN, quizá selló su destino”.Porque “Subestimó el poder de los cuerpos de Inteligencia venezolanos, asesorados por extranjeros, quienes lo localizaron. Se expuso. Vulneró lo más importante de un fugitivo: la seguridad. Tomó a la ligera ser considerado el enemigo público Nro. 1 del gobierno y que sobre él pesara una recompensa. Y quizá jamás consideró que alguien cercano lo pudiera traicionar”.
De esa manera “los cuerpos de inteligencia tenían todas las de ganar sometiendo a quien el Gobierno señaló como el enemigo más buscado”.
Barráez aseguró en otro párrafo del reportaje:
-Ni el mismo Oscar Pérez podía saber que lo ocurrido el 15 de enero 2018 se va a convertir en un caso para estudio en las universidades de periodismo del país. Ante el silencio de los medios de comunicación, acosados por la presión y la censura, de páginas web a las cuales no se podía en ese momento acceder por razones desconocidas, el piloto se convirtió en el principal reportero de su historia. La llevó a las redes y así se difundió en el mundo. Nada impacta más, lo sabemos los periodistas, que cuando un evento se observa en vivo. Millones de personas siguieron minuto a minuto lo que ocurría con Pérez y su grupo. Desde muchos países llamaban a Venezuela para confirmar lo que se veía al instante.
En otro segmento registró:
-No quieren dejar que nos entreguemos”, dice en cámara un Oscar Pérez con marcado nerviosismo, ya convencido que las posibilidades de salir con vida de esa odisea parecen remotas. “Estamos negociando para entregar, porque aquí hay inocentes, civiles”. Minutos después dice resignado: “Venezuela, no quieren que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir”. Y se oye la voz de un hombre desesperado llamando al mayor. Ya estaba rendido.
El mayor (GN) Rafael Enrique Bastardo Mendoza, le dice a Oscar Alberto Pérez: “Ahorita estaba hablando con Pimentel y le dije que la orden del Presidente, y se extrañó, es resguardarle la vida”.
Bastardo Mendoza, hasta ese momento un oficial desconocido, perteneció al Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional, donde “tuvo un desempeño regular, – confiesa un general de su componente- un poco indisciplinado y arbitrario”.
También estuvo en Guárico con el exgobernador Rodríguez Chacín y luego fue enviado como Director de Operaciones y Acciones Tácticas de la Policía Nacional en tiempos del general Juan Francisco Romero Figueroa.
Las fuentes militares consultadas por SB le aseguraron que en ese operativo hubo “fallas en el comando y control”, y advirtieron que para un comandante del Ejército “ese error lo vamos a pagar caro, a nivel de opinión pública internacional”, pues “Dimos un pobre ejemplo de descontrol, falta de pericia y mal manejo de un evento al que solo había que aplicarle el manual”, situación que “ocurre cuando se desvirtúa la actuación profesional porque la única intención era matar al piloto y a su grupo, en lugar de considerar a tanta gente entrenada que hay en el país.”
Uno de los oficiales activos fue claro:
-El hombre ya estaba rendido y no era necesario asesinarlo. Eso lo estipula las leyes de la guerra con los prisioneros, está enmarcado en el Convenio de Ginebra, es lo que se llama honor al caído. Le explico esto licenciada, aunque sea doloroso decirlo, fue un procedimiento policial lleno de vicios. No hubo interés de negociar y mucho menos generar la certidumbre que debe privar en un estado garantista de los derechos humanos, tampoco del cumplimiento del Código Procesal Penal que se preocupe de los contrapesos, transparencia, dignidad, fe religiosa. Fue un procedimiento judicializado que encuadró su ejecutoria en la Corte Internacional Penal y en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El oficial añadió:
-Ese operativo tuvo daños colaterales con muertes de civiles, que aún no salen a la luz pública. A eso se le suma el reconocimiento de Freddy Bernal de la participación de civiles armados pertenecientes a colectivos del 23 de Enero con complacencia o participación de los órganos de seguridad que estaban allí. Y sin duda que hubo uso excesivo de la violencia, con inclusión de lanza granadas y vehículos de guerra. No hubo un negociador, que era esencial, más aún cuando a través de las redes se vio la clara intención de negociar por parte de los rendidos, porque estaban rendidos. Además, la presencia de un fiscal del Ministerio Público como garante de la legalidad y la acción penal, tampoco se evidenció. Ni siquiera el acceso a la prensa.
Al final del reportaje su autora afirmó;
-Hay oficiales que no se explican la presencia de un tanqueta militar con una punto 40, que es una ametralladora para la guerra. Con la lanzagranadas antitanque RPG-7 ruso se evidenció una gran descoordinación, donde cada mando fue promoviendo recursos innecesarios, lo que habla de una defectuosa labor de inteligencia. ¿No se sabía cuántas personas había? ¿Cómo se instrumentó ese procedimiento? No se delimitaron ni los recursos ni el personal que participó, para desplegar el cerco.
En ese nefasto operativo hubo además crímenes de guerra,
Una periodista venezolana, Sabrina Martín, desde Panam Post, a dos días del asesinato del inspector Óscar Pérez, escribió un reportaje en el cual reveló que durante la Operación Gedeón se violó la Constitución de Venezuela, el Código de Justicia Militar, la Ley Nacional de Policía y hasta normativas internacionales al punto de haberse cumplido un crimen de guerra.
-Este lunes 15 de enero –apuntó- Venezuela y el mundo fueron testigos «en vivo y directo» de cómo el régimen de Nicolás Maduro a través de sus fuerzas de Seguridad fueron autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad tras emprender al menos siete ejecuciones extrajudiciales.
La periodista añadió:
-Óscar Pérez, quien se rebeló contra la dictadura en Venezuela, fue abatido con armas de alto calibre y de guerra a pesar de que manifestara su intención de entregarse pacíficamente; sin embargo, las fuerzas policiales abrieron fuego sin mediar palabra. Al suceso se le llamó «la masacre de El Junquito».
La muerte de Óscar Pérez y el ataque a su agrupación por los cuerpos militares del régimen, se desarrolló con completa censura comunicacional. Fue a través de las redes sociales con videos, que se conoció el uso de rifles de guerra y lanzacohetes.
Fue 24 horas después que el ministro de Interior Néstor Reverol se pronunció al respecto y dijo que el grupo de Pérez «inició de manera malintencionada un enfrentamiento».
El ministro, quien a su vez es acusado por narcotráfico por la justicia estadounidense, también dio a entender que Pérez fue traicionado por la propia oposición venezolana; dijo que algunos dirigentes políticos dieron «información importante» sobre la ubicación de Pérez.
La versión, sin embargo, fue desmentida de inmediato por los partidos de la oposición agrupados bajo la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que a través de un mensaje por Twitter calificaron la muerte de Pérez como un “asesinato”.
«La irresponsable declaración de Reverol, con falsas acusaciones, solo quiere tapar una ejecución y asesinato, la corrupción y la miseria de los venezolanos», señaló el tuit.
Pero la versión oficial tampoco concuerda con lo expresado por Pérez en sus videos antes de morir; en los audiovisuales que logró grabar, se vio ensangrentado y que pedía a gritos que lo dejaran entregarse.
En otra parte del reportaje Martín apuntó:
En el procedimiento de captura contra Óscar Pérez no solo hubo opacidad sino que además se descubrió la violación de procedimientos militares; presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad que podrían llevar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional de Justicia.
Y es que la dictadura hizo uso desproporcionado de la fuerza, no preservó el derecho a la vida, utilizó armas de guerra y antitanques, y permitió la infiltración de grupos civiles paramilitares en plena operación de captura.
Al final expresó:
Se conoció que durante el operativo el régimen permitió la participación de colectivos armados y chavistas. Durante el enfrentamiento murió el “Heiker” líder del colectivo Tres Raíces del 23 de Enero, quien fungía como supervisor jefe de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Cabe señalar sobre este punto del reportaje que en un video aparece Freddy Bernal dándole órdenes a esos colectivos para que asesinaran a Oscar Pérez y su grupo.
Por otro lado, el artículo 43 de la Constitución establece: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
Respecto a este artículo el ilegítimo fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, quien en algún momento de su vida fue defensor de los derechos humanos, que el asesinato de Óscar Pérez se produjo por una razón de Estado. Eso no lo dice la Constitución.
{Rocío San Miguel
✔@rociosanmiguel
El ataque mas violento a la vivienda donde se encontraba #OscarPerez fue realizado con un lanzagranadas antitanque RPG-7 ruso de la FANB}
Ministerio Público en el Exilio @dignidadmp
Cuarto caso: Causa MP 01-DDC-F61-0216-2012 (recibida el 1/12/2012) occiso Rey César Ramírez Cordero. Victimario identificado: HEYKER VÁSQUEZ. No fue privado de libertad por este caso por orden del Poder Judicial a los jueces de control.
Su nombre real era Andriun Domingo Ugarte Ferrera, pero era conocido como Heyker Leobaldo Vásquez. De acuerdo con periodistas de sucesos en Venezuela, el «Heyker» tenía varias investigaciones por asesinatos en su contra.
RAPS14@RAPS14_2daParte
SI ESTE AUDIO DE FREDDY BERNAL NO ES UN DELITO DE LESA HUMANIDAD, ENTONCES, NO SE QUE CARAJOS SERÁ! (ordenó a heiker lider del grupo de exterminio del 23 de Enero a matar a Oscar Perez y compañia)
Sabrina Martín también escribió pero el 27 de enero de 2018:
Óscar Pérez: «Nos están disparando, nos quieren matar». (Instagram)
Tras pasar unos siete meses en la clandestinidad, el régimen de Nicolás Maduro halló al piloto Óscar Perez, exinspector de la policía científica, quien se rebeló contra la dictadura en Venezuela y se dio a conocer luego de haber secuestrado un helicóptero y haber sobrevolado Caracas.

[Este lunes 15 de enero, Pérez publicó videos a través de las redes sociales en los que afirmó que está rodeado de funcionarios y que está «negociando» su captura; sin embargo minutos después apareció ensangrentado y afirmó que el régimen lo «quiere matar».]
Martín añadió:
Mientras sucedió la captura a Óscar Pérez el régimen no solo militarizó toda la zona sino que además impide el ingreso a la prensa para constatar cómo se llevan a cabo los hechos.
Luego de horas de tiroteo tras la captura del piloto surgió la información extraoficial de que Pérez fue asesinado; sin embargo existe mucha incertidumbre.

[El alias que le otorgó un medio alemán a Nicolás: “El Carnicero”… ¡Le queda perfecto!].

Fue la detención de la abogada y defensora de los derechos humanos, Vanessa Barroso, por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, más conocido por sus siglas Sebin, lo que permitió a Venezuela y al mundo en general conocer la fase altruista del inspector Óscar Pérez, por intermedio de la fundación “GV33 Moral y Luces” encargada, entre otras labores humanitarias. de ayudar a niños con cáncer.
Ella dirigía esa institución benéfica privada.
El 8 de febrero de 2018 el portal El Estímulo reportó:
-En horas de la tarde de este jueves, se conoció que la directora de la fundación “GV33 Moral y Luces”, Vanessa Barroso, fue detenida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en su residencia, ubicada en San Martín, por su supuesta vinculación en el caso del exinspector del Cicpc, Óscar Pérez.
El Estímulo añadió;
-Así lo denunció la abogada integrante de Foro Penal Venezolano, María Fernanda Torres, a través de su cuenta en Twitter, quien indicó que Barroso fue acusada de los delitos de rebelión militar, traición a la patria y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional.
Antes de esa fecha, concretamente el 17 de enero, la periodista Lysaura Fuentes escribió:
-El exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez, y quien se había rebelado contra el Gobierno Nacional, perdió la vida tras ser acorralado por funcionarios policiales y militares en el kilómetro 16 de El Junquito, Municipio Libertador de Caracas.
Lysaura Fuente agregó:
-Lo que no se conocía de Óscar Pérez es que creó una fundación llamada GV33 Moral y Luces, que atendía a niños, niñas y jóvenes con cáncer, en situación de calle y en otras condiciones por la pobreza. La fundación tiene dos años de ser creada y se conoció que miembros de esta fundación acudieron a la morgue de Bello Monte para manifestar su rechazo a la muerte de Óscar Pérez. “Él era una persona ejemplar y muy carismática con los niños que atendíamos”, manifestó un miembro de la fundación.
…La directora de esa fundación, Vanessa Barroso, estuvo entre las personas detenidas por las fuerzas represivas de la narcodictadura. Un tribunal militar la acusó por la presunta comisión de los delitos de rebelión militar, traición a la patria y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional.confinándola en la cárcel de Ramo Verde.
Sobre esa arbitraria detención escribió Mildred Manrique en su cuenta en Twitter:
#Ultimominuto Vanessa Barroso, joven de la Fundación que ayudaba a los niños venezolanos creada por #OscarPerez fue privada de libertad.
Lo propio hizo María F. Torres:
#8Feb 5:30pm, Tribunal Militar decreta hoy medida privativa de libertad para Vanessa Barroso, le asigna como centro de reclusión Ramo Verde.

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