NI TUITEAR SE PUEDE EN LA DICTADURA VENEZOLANA

[Eladio Rodulfo González]

Temor a la palabra

Al menos 20 personas han sido detenidas o procesadas judicialmente por expresar opinión o difundir información sobre temas que molestan, según expertos, a quienes ejercen el poder. Por Alejandra M. Hernández F.

Unas nueve personas fueron detenidas entre agosto y octubre del 2014 por hacer comentarios sobre funcionarios públicos en la red social Twitter. Cinco de ellas aún continúan tras las rejas SERGIO BARRENECHEA/EFE

EL UNIVERSAL

domingo 26 de julio de 2015  12:00 AM

María Magaly Contreras tiene 55 años, es venezolana, vive en el estado Zulia y se promociona a través de su cuenta en Twitter @marletmaga como "tarotista, vidente y guía espiritual". Desde hace más de 19 años recibe tratamiento psiquiátrico por padecer un trastorno conocido como síndrome ansioso-depresivo, el cual "le ha producido un socavamiento físico-emocional capaz de impedir su cabal y pleno discernimiento".

El 2 de octubre del 2014 María Magaly tuiteó varios mensajes que incomodaron a algunas personas: (1) "La muerte sigue y va por los rojos rojitos del Psuv...", (2) "Veo a una mujer del Psuv, y de la revolución roja que se está hinchando por dentro...", y (3) "Fidel Castro te queda poco en este mundo, y también morirá la dictadura aquí en Venezuela y en otros países...".

La respuesta a estos tuits fue contundente. El 27 de octubre funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la detuvieron. La Fiscalía le imputó los delitos de instigación pública e intimidación pública por medio de difusión de información falsa, y dos días después el Juzgado 8 de Control de la entidad ordenó su privación de libertad en la sede del Sebin de Maracaibo (Zulia), lugar donde permaneció por 5 meses y medio hasta que el 10 de abril de 2015 el tribunal decretó su libertad.

La vidente ya no se promociona en Twitter, mucho menos comenta por esta vía lo que ve en sus visiones. El tribunal le prohibió usar las redes sociales y ahora está obligada a presentarse ante él cada 15 días.

María Magaly viene a engrosar la lista de las 20 personas, no profesionales de la comunicación, que durante los últimos años han sido detenidas, hostigadas o perseguidas judicialmente por haber manifestado su pensamiento o divulgado un determinado tipo de información.

Su caso fue presentado en junio pasado por la ONG Espacio Público ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual examinó al Estado venezolano con respecto a la implementación del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual señala que "nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones".

No es delito, es un derecho 

La Constitución, en su artículo 57, garantiza el derecho a opinar libremente y difundir información a través de "cualquier medio". Esta facultad también está contemplada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19), la Convención Americana de los DDHH (artículo 13) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 4), convenios suscritos y ratificados por Venezuela.

Pese a este reconocimiento, los distintos casos que se han registrado desde el 2010 dejan en evidencia que en Venezuela existe una "tendencia a criminalizar la opinión", que se ha ido incrementando con el pasar de los años, afirman los expertos consultados por El Universal. 

Para el director de Espacio Público, Carlos Correa, la criminalización de la opinión es una acción "inherente al modelo político nacional" que impera actualmente en Venezuela, cuya "esfera pública no acepta deliberación".

En su criterio, quienes manejan las riendas del país "le tienen mucho temor a la palabra". Afirma que existe "mucho escozor" en relación a determinados temas o planteamientos, y que por eso se ha visto emerger en los últimos tiempos, por vía directa o indirecta, "una lógica de persecución penal de la opinión".

Pero opinar no es un crimen sino un derecho, recuerda el abogado Gonzalo Himiob, directivo del Foro Penal Venezolano. No obstante asegura que al gobierno le incomoda la expresión crítica y por eso "trata de hacer ver como criminal lo que no es criminal", porque eso forma parte de "la estrategia del poder con todo y a todos los niveles para generar un espiral de miedo".

Reconoce que en este sentido el régimen actual "ha tenido éxito", pues "la gente tiene miedo de expresarse, de marchar, de hablar contra el poder, incluso en el ámbito privado, porque el gobierno está demostrando que cualquier voz que se alce contra él, es una voz que inmediatamente es criminalizada independientemente de que no haya cometido ningún delito".

Sin embargo, esta propensión a perseguir la expresión tiene su máximo antecedente en el 2004, año en que el ex ministro de Finanzas (marzo-abril 2002), general retirado Francisco Usón, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por el delito de ultraje a la Fuerzas Armada Nacional. A Usón se le procesó por haber dado su opinión técnica, durante un programa televisivo, con respecto a si el incendio que se produjo en una celda de castigo del Fuerte Mara (Zulia), pudo haber sido provocado por el uso de un lanzallamas.

Contra todos 

Los especialistas explican que aunque la inclinación a sancionar la expresión se inició durante la gestión gubernamental del fallecido Hugo Chávez, ésta se focalizaba principalmente en atacar y perseguir a los medios tradicionales y a los profesionales de la comunicación. En cambio, bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro la tendencia se ha mantenido, pero se ha extendido a toda la ciudadanía y a las nuevas modalidades de comunicación que han surgido producto de los avances tecnológicos, tales como los medios electrónicos y las redes sociales.

De hecho, tan solo en 2014, entre el 22 de agosto y el 27 de octubre, fueron detenidas 9 personas, incluida María Magaly, por haber difundido por Twitter comentarios e imágenes sobre algunos funcionarios públicos. Cinco de ellos aún continúan presos. Los otros 8 afectados son: Inés González, Abraham Muñoz, Víctor Ugas, Lessy Marcano, Ginette Hernández, Daniely Benítez, Leonel Sánchez y Skarlyn Duarte.

En seis de los nueve casos, los mensajes de los tuiteros hacían referencia, de forma directa o indirecta, a la muerte del diputado del Psuv Robert Serra, quien fue asesinado el 1 de octubre de 2014. Las detenciones se produjeron luego de que sus nombres salieran a relucir durante un programa del horariio estelar transmitido por VTV.

Correa estima que la investigación realizada por la Fiscalía en estos casos no es independiente, ya que actúa con celeridad contra los señalados en el programa televisivo, mientras que en otros asuntos donde los delitos cometidos son de acción pública, el Ministerio Público no actúa y argumenta que la víctima no hizo la denuncia.

A El Helicoide por un tuit 

De estos 6 tuiteros, la primera en pisar una celda fue Inés González (@inesitaterrible), científica de 41 años, residenciada en Maracaibo. Aún se encuentra en El Helicoide. Se le imputan los delitos de ultraje a funcionario público, ultraje violento e instigación pública, al igual que a Abraham Muñoz, de 18 años, estudiante de Ingeniería en la Universidad de Carabobo.

Tanto a Ginette Hernández, de 23 años y estudiante de la escuela de Artes de la UCV, como a su tío Lessi Marcano, a quien se le atribuye cualidades de vidente, se les detuvo por publicar a través de la cuenta @Hiipolita, dos tuits prediciendo que la Asamblea Nacional estaría de luto, días antes de la muerte del parlamentario. A ambos se les imputó los delitos de difusión de falsa información, agavillamiento y oferta engañosa. Los dos continúan recluidos en El Helicoide. Daniely Benítez, flautista de la Banda Marcial de Caracas y vocalista de la agrupación de música brasilera Só Sambistas, también fue relacionada con la cuenta @Hiipolita, pero fue liberada a los dos días por no tener vinculación con el caso.

Víctor Ugas, quien fue detenido por haber difundido las imágenes del diputado fallecido, se le imputaron los delitos de revelación indebida de data o información de carácter personal y espionaje informático. El pasado 9 de julio, tras casi 9 meses preso, el tribunal ordenó su libertad, pero aún sigue detenido.

Los casos restantes no tienen vinculación con la muerte del parlamentario. Leonel Sánchez, presunto usuario de la cuenta @AnonymusWar, fue apresado en el estado Barinas por difundir por Twitter llamados a la desobediencia y mensajes amenazantes hacia funcionarios del Estado durante las protestas estudiantiles realizadas en 2014. Se le imputó los delitos de instigación al odio, ultraje y conspiración, entre otros ilícitos que no guardan relación con la expresión.

El caso de Skarlyn Duarte ha sido poco difundido. Su nombre no figuraba en la lista de tuiteros detenidos manejada por el Foro Penal. Sin embargo, la tienen presente. Saben que la joven de 23 años fue arrestada en Caracas el 26 de agosto. Extraoficialmente se pudo conocer que Skarlyn es estudiante y bailarina de Danza Latina, y supuestamente se encuentra recluida en El Helicoide, imputada por instigación al odio, acceso indebido a sistemas protegidos, espionaje informático y ultraje. En Twitter se afirma que "su audiencia preliminar ha sido diferida 10 veces".

Medida represiva 

Según el constitucionalista Rafael Chavero, todas estas detenciones constituyen "una flagrante violación" a la Carta Magna y al derecho fundamental a opinar. A su juicio, se trata de una medida "claramente represiva" que no tiene justificación legal y que busca "silenciar cualquier voz disidente". Considera que el gobierno recurre a esta práctica para "infundir temor", y advierte que la "persecución y detención arbitraria" de quienes se manifiestan en contra de los que ejercen el poder, produce un "efecto disuasivo" lo suficientemente eficaz para lograr que el resto de la colectividad se inhiba de criticar.

También en 2013 se registraron otros dos casos de persecución penal: La Fiscalía inició en enero de ese año una investigación contra Federico Medina por "instigación al terrorismo", supuestamente por haber tuiteado a través de la cuenta @lucioquincio mensajes sobre la salud de Chávez. En marzo, Lourdes Ortega fue detenida en Barquisimeto presuntamente por enviar por Twitter "mensajes desestabilizadores para el país". Sin embargo la usuaria solo tenía 12 seguidores.

En la lista de perseguidos judicialmente figura además el ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, quien en 2011 fue condenado a 2 años de prisión por instigación pública y difusión de información falsa, por una declaración emitida el 08 de marzo de 2010 durante un programa televisivo en el cual afirmó que "Venezuela se había convertido en un centro de operaciones que facilita el narcotráfico".

En el 2010 las acciones judiciales recayeron sobre Luís Acosta y Carmen Nares, quienes fueron detenidos en el estado Bolívar por difundir por Twitter supuestos rumores con el fin de desestabilizar el Sistema Bancario Nacional. También en ese año fue aprehendido el ingeniero Jesús Majano por presuntamente "instigar al magnicidio" al haber difundido en Twitter una foto de Chávez con una herida en la cabeza.

Delitos subjetivos 

Los expertos consultados coinciden en señalar que la mayoría de los delitos imputados a los detenidos son tipos penales "muy vagos, difusos e imprecisos", que se prestan a interpretaciones subjetivas por parte de los fiscales y jueces.

Para Gonzalo Himiob se trata de fórmulas delictivas "muy abiertas" que permiten encuadrar en ellas cualquier conducta porque no describen con claridad y precisión cuál es el hecho que se prohibe.; de hecho las compara con algunas normas del primer Código Penal nazi que castigaba todo lo contrario al "sano sentimiento del pueblo".

El artículo 2 del Código Penal Alemán de 1936 señalaba: "Toda persona que comete un acto que la ley declara punible o que merece ser castigado con arreglo a las concepciones fundamentales de una ley y al sentimiento sano del pueblo, debe ser castigada".

Por su parte, el penalista Alberto Arteaga Sánchez denuncia que algunos de esos ilícitos, como el "ultraje a funcionarios", se encuadran dentro de los llamados "delitos de desacato", que son tipos delictivos que han ido desapareciendo de todas las legislaciones penales modernas porque obedecían a normas antiguas que castigaban las ofensas al rey. Sin embargo, en Venezuela no solo continúan vigentes, sino que además han sido ratificados en varias decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia 1.942 de la Sala Constitucional de fecha 15/07/2003).

Además, en la reforma del Código Penal impulsada en 2005 se aumentaron las penas de estos delitos y se crearon nuevos tipos como el de difusión falsa de información, contemplado en el artículo 296-A, el cual le fue aplicado a Álvarez Paz.

A raíz de esta reforma, en noviembre del 2005 el entonces fiscal general Isaías Rodríguez solicitó, sin éxito, la nulidad de los artículos modificados por considerar, entre otras razones, que viola "el principio de tipicidad estricta (al formularse tipos abiertos y configurar lo que en Doctrina se denomina 'abuso de normas penales')".

Los casos restantes de detenciones están relacionados con el hostigamiento a las fuentes informativas, práctica que según Correa tiene como fin crear miedo para evitar que los informantes declaren y así acallar los hechos, lo que dificulta el trabajo periodístico porque no hay posibilidad de contrastar los datos con las fuentes.

Twitter: @alejandramhf